Mi expareja no devuelve a mi hijo

Si tu expareja no devuelve a tu hijo cuando corresponde, conviene actuar con rapidez, comprobar dónde se encuentra el menor y conservar las pruebas del incumplimiento. Si desconoces su paradero, temes por su seguridad o existen indicios de que pretenden llevárselo, contacta de inmediato con las autoridades.

No toda entrega tardía constituye un delito de sustracción de menores. Según las circunstancias, puede ser necesario reclamar el cumplimiento de una resolución de familia, solicitar medidas urgentes de protección o presentar una denuncia penal. Estas actuaciones pueden requerir coordinación.

En este artículo explicamos qué hacer cuando el otro progenitor no entrega al menor, qué documentos preparar y qué vías existen para protegerlo y solicitar su devolución.

¿QUÉ HACER SI MI EXPAREJA NO DEVUELVE A MI HIJO?

La actuación inicial depende del riesgo y de la información disponible. Como orientación, conviene:

  1. Comprobar el día, la hora y el lugar de entrega previstos en la resolución o acuerdo aplicable.
  2. Intentar confirmar dónde está el menor y si se encuentra bien, siempre que la comunicación sea segura y esté permitida.
  3. Conservar los mensajes y dejar constancia de la falta de entrega y de la respuesta recibida.
  4. Solicitar asesoramiento para valorar medidas judiciales y, si existe peligro, desaparición o posible delito, acudir inmediatamente a las autoridades.

Un retraso explicado y puntual no plantea la misma situación que una negativa expresa, la ocultación del lugar donde está el niño o el anuncio de que no volverá. Explica esos datos desde el primer contacto con el abogado o la policía.

¿HAY QUE ESPERAR 24 O 48 HORAS PARA DENUNCIAR?

No existe una obligación general de esperar 24 o 48 horas para comunicar la desaparición de un menor o poner en conocimiento de las autoridades una situación de riesgo. Si desconoces dónde está y hay motivos de alarma, no retrases la comunicación.

La urgencia no depende únicamente del número de horas transcurridas. También importan su edad, sus necesidades médicas, las amenazas previas, la interrupción del contacto o los indicios de un traslado.

Los plazos que el Código Penal contempla para determinados efectos de la restitución no son un periodo durante el cual deba tolerarse la retención. Tampoco significan que cualquier retraso se convierta automáticamente en delito al superar un tiempo concreto: la calificación exige analizar los hechos.

DIFERENCIA ENTRE UN RETRASO Y UNA RETENCIÓN DEL MENOR

Antes de decidir la vía jurídica, hay que reconstruir lo ocurrido. Puede existir una incidencia real, una discrepancia sobre el calendario o un incumplimiento deliberado de la obligación de devolver al niño.

Conviene precisar cuándo debía producirse la entrega, qué explicación se dio, si se propuso una alternativa inmediata y si el otro progenitor sigue facilitando información. La negativa persistente y la voluntad de alterar de hecho la convivencia del menor pueden tener especial relevancia.

Conocer la dirección donde se encuentra no descarta por sí solo una retención ilícita. Del mismo modo, la falta de respuesta a una llamada aislada no demuestra automáticamente una sustracción. La valoración debe apoyarse en el conjunto de circunstancias y en la protección del menor.

¿CUÁNDO PUEDE SER DELITO DE SUSTRACCIÓN DE MENORES?

El artículo 225 bis del Código Penal castiga al progenitor que sustrae a su hijo menor sin causa justificada. Distingue dos modalidades principales: trasladarlo de su residencia habitual sin el consentimiento exigido y retenerlo incumpliendo gravemente un deber establecido por resolución judicial o administrativa.

Por ello, no devolver a un hijo después de una estancia puede tener relevancia penal cuando concurren los requisitos de la retención. No basta con acreditar cualquier desacuerdo sobre visitas: debe examinarse la gravedad del incumplimiento y la conducta concreta.

En nuestro artículo sobre el delito de sustracción de menores explicamos sus requisitos y consecuencias generales. En una situación de falta de devolución, la prioridad es identificar qué medidas pueden proteger al niño y facilitar su entrega, además de valorar las posibles responsabilidades.

¿Y SI TODAVÍA NO HAY SENTENCIA DE CUSTODIA?

La ausencia de una sentencia no significa que cualquiera de los progenitores pueda trasladar al hijo o decidir unilateralmente dónde vivirá. La residencia habitual y el ejercicio de la patria potestad siguen siendo relevantes.

Debe distinguirse la modalidad penal de traslado de la retención que exige incumplir gravemente una resolución judicial o administrativa. No sería correcto aplicar indistintamente los requisitos de una a la otra.

Si aún no existen medidas, puede ser necesario iniciar el procedimiento de familia correspondiente y solicitar medidas provisionales o urgentes. Aporta los datos de la convivencia anterior, el colegio, los cuidados y los acuerdos existentes. Un pacto privado puede ayudar a acreditar lo sucedido, pero no tiene necesariamente la misma fuerza ejecutiva que una resolución judicial.

¿CAMBIA ALGO SI TENEMOS CUSTODIA COMPARTIDA?

La custodia compartida no permite prolongar unilateralmente el periodo de convivencia con el menor. Deben respetarse las entregas, los turnos y las condiciones fijadas, salvo una modificación válida o una circunstancia que deba valorarse jurídicamente.

Tampoco tener la custodia exclusiva concede libertad para ignorar los derechos del otro progenitor o cambiar la residencia habitual sin el consentimiento o autorización que corresponda. Custodia y patria potestad no son conceptos equivalentes.

En ambos casos interesa revisar la resolución completa, incluidas las medidas provisionales y las modificaciones posteriores. Un calendario informal utilizado durante meses puede generar controversias sobre lo acordado, pero no conviene asumir que ha sustituido automáticamente lo dispuesto judicialmente.

CÓMO DEJAR CONSTANCIA DE LA NEGATIVA A ENTREGAR AL MENOR

Cuando sea seguro y no exista una prohibición de comunicación, puede ser útil enviar un mensaje breve y concreto solicitando la entrega. Indica cuándo debía realizarse, pide confirmación del lugar donde está el niño y evita amenazas o discusiones.

Conserva la conversación completa, las fechas y las respuestas. Un requerimiento fehaciente puede resultar útil en determinados casos, pero no es un trámite previo obligatorio para comunicar una desaparición o solicitar protección urgente.

Si hay una orden de alejamiento o una prohibición de comunicación, utiliza el cauce legal adecuado a través del abogado o del órgano judicial. No incumplas una medida para intentar resolver la entrega ni utilices al menor como mensajero entre adultos.

¿PUEDO DENUNCIAR A MI EXPAREJA ANTE LA POLICÍA?

Puedes poner los hechos en conocimiento de la Policía, la Guardia Civil o la autoridad judicial cuando existan indicios de delito o una situación que requiera intervención. Describe lo sucedido con precisión y aporta la documentación disponible.

Resulta especialmente importante informar si desconoces el paradero del menor, si necesita medicación, si ha habido amenazas o si existen billetes, cambios de domicilio u otros indicios de traslado. Distingue lo que sabes directamente de lo que sospechas.

La denuncia no garantiza una entrega inmediata ni sustituye todas las actuaciones de familia que puedan resultar necesarias. Las autoridades valorarán los hechos y sus competencias. No obstante, presentar la situación como un simple desacuerdo de visitas puede omitir datos esenciales cuando existe un riesgo real.

SOLICITAR LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA O DEL CONVENIO APROBADO

Cuando existe una resolución judicial incumplida, puede solicitarse su ejecución para exigir el respeto de las medidas. El artículo 776 de la Ley de Enjuiciamiento Civil contiene reglas específicas para la ejecución de pronunciamientos sobre medidas familiares.

Según el caso, pueden solicitarse requerimientos y medidas para conseguir el cumplimiento, incluidas multas coercitivas en los términos legales. Los incumplimientos reiterados del régimen de visitas pueden dar lugar a una modificación del régimen de guarda y visitas, previa valoración del interés superior del menor.

Esa modificación no es un castigo automático al progenitor incumplidor. Debe responder a lo que resulte adecuado para el niño. La demanda debe identificar la obligación vulnerada, las fechas y las medidas que se solicitan, normalmente con intervención de abogado y procurador.

MEDIDAS URGENTES DEL ARTÍCULO 158 DEL CÓDIGO CIVIL

El artículo 158 del Código Civil permite adoptar medidas para apartar al menor de un peligro o evitarle perjuicios. También contempla actuaciones dirigidas a prevenir una sustracción.

Entre las medidas que pueden acordarse están:

  • Prohibir la salida del menor de España salvo autorización judicial previa.
  • Prohibir la expedición de su pasaporte o retirar el ya expedido.
  • Exigir autorización judicial previa para cualquier cambio de domicilio.
  • Suspender cautelarmente la guarda, las visitas o las comunicaciones cuando proceda para protegerlo.
  • Adoptar otras disposiciones adecuadas a la situación de peligro o perjuicio.

Estas medidas requieren una valoración judicial y pueden solicitarse dentro de distintos procedimientos o mediante el cauce legal correspondiente. Aportar datos concretos sobre el riesgo ayuda a fundamentar la petición; no basta con un temor genérico derivado de la mala relación entre los progenitores.

¿QUÉ PASA SI MI EXPAREJA AMENAZA CON LLEVARSE AL NIÑO?

Si existen mensajes anunciando un traslado, preparativos de viaje o una intención clara de impedir el regreso, conserva las pruebas y consulta de inmediato. No es necesario esperar a que el desplazamiento se produzca para valorar una petición de protección.

La nacionalidad extranjera de un progenitor o el hecho de tener familiares en otro país no demuestran por sí solos un riesgo de sustracción. Deben describirse conductas y datos objetivos, como reservas, retirada de documentación o anuncios de no devolver al menor.

Si el viaje parece inminente y hay peligro, comunícalo a las autoridades. Una petición judicial presentada no equivale a una prohibición de salida ya acordada: es importante conocer qué resolución existe y cómo se ha dispuesto su cumplimiento.

MI EXPAREJA SE HA LLEVADO A MI HIJO AL EXTRANJERO

Cuando el menor ha sido trasladado o retenido en otro país, es necesario estudiar cuanto antes la restitución internacional. La denuncia penal y la solicitud de retorno cumplen funciones distintas: denunciar no inicia por sí solo el procedimiento civil de restitución.

El Convenio de La Haya de 1980 establece un mecanismo para menores de 16 años cuando se cumplen sus requisitos y resulta aplicable entre los Estados implicados. En determinados asuntos dentro de la Unión Europea también intervienen las reglas europeas correspondientes.

Puede solicitarse información y tramitar la solicitud de restitución ante la Autoridad Central española del Ministerio de Justicia. La restitución no decide por sí misma quién debe obtener definitivamente la custodia. Si no existe un instrumento internacional aplicable, será necesario estudiar las vías del país donde se encuentra el menor y el apoyo consular disponible.

¿Y SI EL VIAJE ESTABA AUTORIZADO, PERO NO REGRESAN?

Autorizar unas vacaciones no equivale necesariamente a consentir un cambio permanente de residencia. Una salida inicialmente acordada puede derivar en una retención ilícita si se incumple el regreso y concurren los requisitos correspondientes.

Conserva la autorización, los mensajes sobre las fechas, las reservas y cualquier comunicación en la que se reconozca que el viaje era temporal. También pueden ser relevantes la matrícula escolar y los datos que acrediten la residencia habitual antes del desplazamiento.

La fecha en que la retención pasa a ser ilícita puede resultar importante para el procedimiento internacional. Por eso conviene documentar la negativa al regreso y actuar con rapidez, sin confiar en que una denuncia presentada en España resolverá automáticamente el retorno desde otro Estado.

¿PUEDE NEGARSE A ENTREGARLO PORQUE EL NIÑO NO QUIERE VOLVER?

La opinión del menor debe escucharse y valorarse conforme a su edad y madurez, pero no modifica por sí sola una resolución judicial. Tampoco existe una regla general que permita incumplir las entregas simplemente porque el niño diga que prefiere quedarse.

Es necesario conocer por qué se niega: puede haber dificultades de adaptación, un conflicto de lealtades o una situación que requiera protección. Si expresa miedo o relata hechos preocupantes, deben comunicarse a profesionales y autoridades por los cauces adecuados.

Evita interrogarlo repetidamente, dirigir sus respuestas o grabar declaraciones preparadas. La prioridad es su bienestar y una valoración fiable. Si las circunstancias aconsejan cambiar el régimen, debe solicitarse la medida correspondiente, sin convertir al niño en quien resuelve el conflicto entre los adultos.

¿QUÉ OCURRE SI EXISTEN INDICIOS DE VIOLENCIA O ABUSO?

Una sospecha fundada de peligro exige actuar para proteger al menor. Si el riesgo es inmediato, contacta con los servicios de emergencia o las fuerzas de seguridad y solicita atención sanitaria cuando sea necesaria.

Conserva los informes y comunicaciones disponibles y pide medidas urgentes. Las alegaciones de violencia o abuso deben investigarse; no conviene reducirlas a una simple disputa de custodia ni dar por acreditados hechos que todavía requieren comprobación.

Al mismo tiempo, invocar una preocupación sin acudir a los cauces de protección no garantiza que una retención quede justificada. La existencia de una causa justificada depende de las circunstancias. Obtener asesoramiento y poner los hechos en conocimiento de la autoridad permite valorar cómo proteger al niño y adaptar legalmente las entregas.

¿QUÉ DOCUMENTOS Y PRUEBAS CONVIENE PREPARAR?

Para que el abogado y las autoridades puedan valorar el caso, reúne lo que tengas disponible:

  • Sentencia, auto de medidas, convenio aprobado y resoluciones posteriores.
  • Documentación que acredite la filiación y datos identificativos del menor.
  • Calendario de estancias y datos de la entrega incumplida.
  • Mensajes, correos y requerimientos relacionados con la devolución.
  • Última ubicación conocida y datos de contacto del otro progenitor.
  • Información sobre viajes, pasaportes, necesidades médicas y posibles riesgos.

Prepara una cronología breve separando hechos comprobados y sospechas. No retrases una comunicación urgente por no disponer de todos los documentos. Conserva los originales y evita acceder sin autorización a cuentas ajenas o difundir datos personales del niño en redes sociales.

PENAS POR RETENER O SUSTRAER A UN HIJO

El artículo 225 bis prevé, en su modalidad básica, prisión de 2 a 4 años e inhabilitación especial para ejercer la patria potestad de 4 a 10 años. Si se traslada al menor fuera de España o se exige una condición para restituirlo, se aplica la mitad superior de las penas previstas.

El precepto también contempla efectos específicos de la comunicación del paradero y de la restitución bajo determinadas condiciones. No deben interpretarse como un permiso para retener al menor durante unos días ni como una garantía de impunidad si finalmente se devuelve.

La aplicación de una pena exige acreditar el delito y la responsabilidad de la persona acusada. La existencia de una entrega incumplida no permite anticipar una condena sin examinar su gravedad, la justificación alegada y las pruebas.

ERRORES QUE CONVIENE EVITAR AL INTENTAR RECUPERAR AL MENOR

Intentar recuperar al niño mediante fuerza, amenazas o una entrada no autorizada en un domicilio puede aumentar el riesgo y generar nuevas responsabilidades. Tampoco conviene responder reteniéndolo en el siguiente turno como represalia.

El impago de alimentos no autoriza a suspender unilateralmente las visitas o la entrega. Son obligaciones diferentes y los incumplimientos deben reclamarse por su vía correspondiente. Del mismo modo, los desacuerdos económicos no deben utilizarse como condición para devolver al hijo.

Evita publicaciones que expongan su intimidad, confrontaciones delante de él y acuerdos improvisados contrarios a medidas de protección. Si se produce una devolución, documenta cuándo y cómo ocurrió y consulta qué actuaciones siguen siendo necesarias para prevenir nuevos episodios.

ASESORAMIENTO DE UN ABOGADO PENALISTA

Cuando tu expareja no devuelve a tu hijo, es importante distinguir un incumplimiento familiar de una posible sustracción y valorar el riesgo real. Una respuesta adecuada puede requerir coordinar medidas civiles, protección urgente y actuaciones penales.

En Presunto Inocente, nuestro equipo de abogados penalistas analiza las resoluciones, los mensajes y las circunstancias de la falta de entrega para valorar si existen indicios de delito y qué actuación corresponde dentro de nuestro ámbito profesional.

Si has recibido una denuncia por retener a tu hijo, también es necesario revisar la obligación atribuida, el consentimiento existente y las pruebas de cualquier causa justificada. No alteres la documentación ni ignores los requerimientos recibidos.

Estamos a tu disposición las 24 horas del día, los 365 días del año.

Compartir en redes: